Otro año de prisión a los 35 detenidos

Poza Rica, Ver.- Una jueza de control otorgó un año más de prisión preventiva a los 35 detenidos acusados de secuestro, para que la fiscalía entregue más elementos probatorios y se pueda llegar a la etapa de juicio oral. A las 10:00 horas del jueves 7 de diciembre y escoltados por decenas de policías fueron llevados hasta la sala de juicios orales para lo que sería su audiencia intermedia, pero finalmente se reprogramó para febrero del 2018.

Será en la etapa de juicio oral donde el juez determine si los detenidos son culpables o inocentes de los delitos que se les imputa. En contraste, parte de los rumores que han surgido en la fiscalía es que algunos de los imputados podrían lograr su libertad, pero otros no.

Pese a las irregularidades que ha presentado la averiguación integrada bajo el mando de la entonces fiscal de distrito Marta Lidia Pérez Gumercindo y los señalamientos de los familiares de los detenidos, la fiscalía recibió la notificación para la audiencia programada para el pasado 7 pero esta no pudo llevarse a cabo pues la fiscalía pidió más tiempo para reunir pruebas, lapso que de igual manera aprovechará la defensa para tratar de liberarlos.

VIOLARON SUS DERECHOS HUMANOS: FAMILIARES

A las afueras del reclusorio de Poza Rica, con mucho desánimo y visiblemente triste, la madre de uno de los detenidos aseguró en entrevista para este medio que su hijo nada tenía que ver en los delitos que se les acusan y más bien, todo fue montado por las autoridades para “justificar trabajo”.

Aunque se omite el nombre para proteger la identidad de la declarante, sostuvo que el día de los hechos (31 de diciembre del 2016) su hijo iba a una fiesta a casa de sus amigos en la colonia Arroyo del Maíz, pero en el trayecto fue interceptado por la Policía; lo que pasó después, en cuestión de minutos se volvió el tema más comentado en el estado en vísperas de año nuevo 2017: la detención de 35 personas acusadas de secuestro, entre ellos dos menores de edad. Una detención histórica, dijo el gobernador.

Aproximadamente a las once del día, decenas de policías de Fuerza Civil acudieron a una vivienda ubicada en la colonia Arroyo del Maíz donde supuestamente mantenían privadas de su libertad a dos hombres. Ante el hecho flagrante, se procedió al aseguramiento de dichas personas así como al rescate de las dos víctimas.

¿QUIENES ERAN LAS VÍCTIMAS?

En una casa de seguridad cuyas dimensiones son cuatro metros de largo por tres y medio metros de ancho, dijo la Policía que se encontraban privados de su libertad dos hombres, y en ese mismo sitio eran torturados por 37 personas.

VÍCTIMA 1: EL ALBAÑIL

Vecino de la colonia Petromex. La mañana del 31 habría sido interceptado por sujetos desconocidos quienes lo subieron a un taxi y de inmediato lo llevaron a la casa de seguridad.

El albañil cuyas iniciales son L.A.G.H., dijo en sus declaraciones que mientras él salía de una misa junto a su familia y pretendía dirigirse a una tienda denominada Chuper Negro para comprar algunos alimentos, de repente vio que un taxi (1336 de Poza Rica) se detuvo; dos sujetos armados se fueron directamente sobre él y lo amagaron para posteriormente subirlo a ese coche.

En los informes policiales que se emitieron a la Fiscalía General del Estado, se explica que desde ese momento la familia pidió ayuda para localizar con bien a la víctima por lo que iniciaron policías de la SSP un operativo.

VÍCTIMA 2: UN POLICÍA DE FUERZA CIVIL

Aunque nunca se conoció quién era la otra víctima, con el paso del tiempo trascendió que se trataba de un policía activo de la Fuerza Civil identificado con las iniciales L.B.O, quien, alrededor de las 11:00 de la mañana del 31 de diciembre salió a un cajero automático de Banorte para retirar dinero.

Minutos después de llegar a la sucursal ubicada en pleno centro de la ciudad sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, se dio cuenta que el cajero no contaba con dinero por lo que se retiró con la intención de buscar otro, declaración que consta en la carpeta de investigación UIPJ/PZR4/2793/2016.

Casualmente, mientras el policía buscaba otro cajero fue interceptado por un taxi cuyos ocupantes lo subieron a la fuerza. Aunque no se especifica cómo es que Fuerza Civil supo del plagio del policía, los elementos aseguran que luego de tener el reporte de la privación ilegal del albañil en la Petromex, comenzaron a buscar el auto de alquiler cuyo número económico era el 1336 además de que otros reportes indicaban que habían varias unidades con ese número (clonados).

Para ese momento, ya se había desplegado un operativo por aire y tierra, y justamente, por  el bulevar Ruiz Cortines, policías a bordo de un helicóptero de la SSP avistaron el taxi en mención que se dirigía hacia Garibaldi y no lo perdieron de vista.

En el trayecto se sumaron más uniformados y fue de esa manera que llegaron a la calle donde se ubicaba la casa de seguridad; “pedimos ayuda a la base de control”, se explica en la puesta a disposición hecha a la fiscalía cuarta de la Unidad Integral de Procuración de Justicia de Poza Rica y fue de esa manera que ingresaron y descubrieron que ahí se encontraban las dos víctimas. Tras la detención de las 37 personas, todas fueron llevadas a las instalaciones de la Policía Intermunicipal en la colonia Miguel Hidalgo.

“Todos estaban formados y a mí me tenían amarrado en una silla, me torturaban, me daban de cachetadas y me escupían la cara”, declaró una de las víctimas ante la fiscal investigadora.

“NOS OBLIGARON A MENTIR”

Ante lo que fue la detención masiva más grande en el estado, antes de las 14:00 horas del 31 de diciembre del 2016 cinco mujeres y 32 hombres arribaron a las celdas preventivas de la Policía Intermunicipal donde el personal del departamento jurídico realizaría la puesta a disposición. Todos fueron golpeados, la mayoría presentaba heridas visibles, principalmente en el rostro; uno incluso, no podía caminar.

Uno de los detenidos dijo a sus familiares que conforme pasaban a revisión con el médico de la coordinación, jamás les preguntaron el origen de las lesiones y en los documentos presentados a la FGE sólo se dijo que: “presentaban heridas que tardaban aproximadamente entre 15 y 20 días en sanar”.

Justo a las 18:00 horas, había llegado la hora de ser presentados ante el Ministerio Público Federal por el delito de acopio de armas de fuego.

PGR NO LOS QUISO

Ante las evidentes lesiones que presentaban, personal de la subsede de la PGR en esta ciudad se negó de manera rotunda a conocer del caso e iniciar la averiguación a pesar de que el delito sí era de su competencia por ser del orden federal.

La negativa de la PGR derivó de que existían suficientes elementos que comprobaban la violación a las garantías de los detenidos, entre ellos que estaban golpeados, por lo que sólo sugirieron que fueran llevados al Ministerio Público del Fuero Común en la colonia Morelos de esta ciudad, donde antes se ubicaba el hospital civil.

El hecho de que la PGR se negara a integrar la carpeta de investigación obligó a que se retrasara la puesta, fue por eso que hasta cerca de las 22:00 horas del 31 de diciembre, que a la UIPJ de Poza Rica arribaron los presuntos.

Minutos después, personal de la Cruz Roja tuvo que prestar auxilio a los imputados, porque llegaron con serias lesiones. La presencia de los socorristas no consta en ninguna de las actuaciones que obran en la carpeta.

Justo al vencimiento del término de 48 horas, una jueza esperaba a los detenidos, pero solo acudieron al juzgado de control cinco mujeres y 30 hombres pues dos jóvenes menores de edad fueron consignados a un penal para menores infractores en Palma Sola, donde aún permanecen.

LA AUDIENCIA INICIAL

48 horas después y en un autobús de la línea TUPR, los detenidos se acercaban a las instalaciones del juzgado de control, los acompañaban decenas de militares y personal de distintas corporaciones adscritas a la SSP, incluso de la Policía Federal. Para ese momento el gobernador del estado había anunciado lo que dijo “fue el golpe más fuerte a la delincuencia organizada en la zona norte del estado en todos los tiempos”.

En la audiencia inicial, la fiscalía consignó el delito de secuestro así como portación de armas de fuego, el resultado luego de 15 horas, favoreció a la fiscalía: la jueza legalizó la detención de los 35 imputados, fijó medida cautelar de un año de prisión preventiva oficiosa.

Ya en la siguiente audiencia, tuvieron que pasar 40 horas para que la jueza de control Claudia Reséndiz Aguilar dictara auto de vinculación a proceso.

A pesar de que los familiares y la defensa de los 35 procesados han solicitado amparos colectivos, hasta el momento no se han visto favorecidos, pues se averigua si hubo o no violaciones a sus derechos, y si son o no culpables de los hechos que la FGE acusa.

ERAN LOS MÁS PELIGROSOS

A los detenidos se les atribuía la ola de secuestros, ejecuciones y extorsión en la zona norte del estado, delitos de alto impacto que posteriormente disminuyeron con la detención de la banda.

Versiones oficiales indicaron que los detenidos eran integrantes de la célula delictiva 35Z y su aseguramiento derivó del uso de drones, tecnología de punta y sin efectuar un solo disparo; no obstante, esa declaración fue catalogada como falsa por familiares de los hoy presos quienes aseguran, ellos mismos escucharon varias detonaciones, por lo que sus testimoniales serán ofrecidos por la defensa en la audiencia intermedia.

¿CUAL SERÁ EL DESENLACE?

Lo trascendido hasta el momento es que será el próximo 7 de febrero la audiencia intermedia para la aceptación y desechamiento de pruebas, tanto de la defensa como del Ministerio Público, y saber si se da la apertura al juicio oral, luego de que no pudiera  celebrarse porque la fiscalía pidió más tiempo.

No obstante, pareciera como si la fiscalía no pudiera con el asunto pues el caso ha estado detenido por meses, e incluso, es altamente probable que las 35 personas que son consideradas como de peligrosidad recobren su libertad.

Los más extraño del caso, es que una de las víctimas (el policía) desapareció de manera repentina y ni la fiscalía, ni el juez de control y mucho menos personal de la SSP en el estado, saben dónde se encuentra, y en consecuencia, no podría señalar a sus victimarios en el juicio, lo que podría favorecer en gran parte a los presuntos delincuentes, pues estos recobrarían su libertad y tranquilamente saldrían libres además de que promovieron el juicio de amparo 130/2017 pero aún no ha sido resuelto por un juez federal.

Conforme pasa el tiempo surgen cada vez más interrogantes en torno al caso, pues se encuentra en duda si todo habrá sido un montaje por las autoridades o verdaderamente los imputados eran integrantes del crimen organizado.

Tras una audiencia de poco más de 3 horas, la jueza de control otorgó a la fiscalía un año más de prisión preventiva a los 35 imputados para que tanto la defensa como el Ministerio Público reúnan más pruebas, por lo que a las 14:00 horas del jueves ingresaron nuevamente al penal escoltados por decenas de policías y militares.

Por Clemente Hernández Reyes