Xalapa, Ver.- Concesionarios denuncian que continúa la corrupción en la Dirección General de Transporte Público del Estado, específicamente en la Dirección Jurídica, donde se cobran hasta 25 mil pesos por entregar expedientes a permisionarios.

Además, señalaron que la dirección de Tránsito y Transporte pide de 15 a 25 mil pesos por desaparecer un expediente tras algún accidente.

De igual manera, varios propietarios de algunos estacionamientos denunciaron que dicha dirección está buscando “regularizarlos” para recibir un “ingreso extra”, a pesar de que esto le compete al Ayuntamiento de Xalapa.

Se ha difundido que, presuntamente, está detrás de todo esto la delegada jurídica de Transporte Público, Alejandra Segovia Vargas, quien se encarga de realizar los cobros por las nuevas concesiones, que son de unos 70 mil pesos.

Además, dicha funcionaria cobra por autorización de transferencia y altas de folio al sistema de Transporte Público, en contubernio con el delegado de Trasporte Público, Juan Jesús Rodríguez Luis, ya que por él están firmadas las notificaciones dirigidas a los estacionamientos.

Aquí se anexa, íntegra, una carta de los Trasportistas:

“Soy un concesionario del servicio público, un ciudadano que, al igual que muchos, confió en los principios de Morena sobre ‘no mentir, no robar y no traicionar al pueblo’; un veracruzano harto de las extorsiones a la que nos tenían acostumbrados los gobiernos anteriores del PRI y el PAN; un demócrata que votó por el cambio verdadero.

Sin embargo, hoy, a tan sólo unos meses del inicio de este gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, estamos sumamente preocupados e indignados por la situación que guarda la administración actual de la Dirección General de Transporte del Estado, situación que padecemos diariamente todos los que realizamos trámites continuos en esta dependencia.

En nombre de mis demás compañeros concesionarios, expreso, primeramente, que cuando Bonifacio Andrade salió del Jurídico de Transporte, pensamos que en esta Dirección empezaba a barrerse la corrupción de arriba para abajo como se hace con las escaleras y creímos entonces que las cosas estaban cambiando.

No obstante, grande ha sido nuestra sorpresa que, con la nueva directora, Alejandra Segovia (viene de la Defensoría Pública del Estado y recomendada por el Secretario de Seguridad Pública, Lic. Hugo Gutiérrez Maldonado), la corrupción no ha hecho más que empeorar. Pues quien acude a la oficina de Jurídico, se topa con ella y sus compinches, cobrando al por mayor todo tipo de trámites

Uno de estos es Maurizio Mota Rodríguez (viene también de la Defensoría Pública), encargado de los Procedimientos Administrativos, quien amenaza siempre con revocar concesiones si no se le entregan las cantidades de dinero que solicita. Este servidor de la nación acostumbra a citar a las personas en las oficinas que se encuentran al fondo del Jurídico, cerca de los baños, las que casualmente son las únicas sin cámaras de vigilancia.

Por si fuera poco, Maurizio Mota Rodríguez también vende los procedimientos administrativos al mejor postor, sea gestor o abogado; interesados en litigar en contra de la Dirección General de Transporte. Las ‘cuotas’ para comprar nuestros expedientes (si tenemos la desgracia de que se nos haya iniciado procedimiento) van desde los 15 mil hasta los 25 mil pesos por expediente, con lo que ello implica, que nuestros datos personales sean entregados a cualquier persona, ‘por instrucciones de la licenciada Alejandra Segovia Armas’, como el mismo Maurizio suele mencionar.

Estos servidores públicos, no sólo venden los procedimientos administrativos, sino también las autorizaciones de transferencia en 5 mil pesos, cuando estas últimas debieran ser gratuitas.

Por las razones anteriores, nosotros que todavía esperamos el cambio verdadero ‘no vamos por lo mismo a ocultar nada, no vamos a ser tapadera de nadie’, y por eso le pedimos al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, que dé pronto seguimiento a estos casos en la Dirección General de Transporte porque como bien lo repite nuestro Presidente “al margen de la ley, nada; y por encima de la ley, nadie.

Asimismo, hacemos un llamado también al director de Transporte, Ángel Alarcón Palmeros, y al secretario de Seguridad Pública, Lic. Hugo Gutiérrez Maldonado, solicitándole que no eche en saco roto esta denuncia si no quiere ser igualmente cómplice del estado chueco en esta dependencia que encabeza, porque como bien lo ha dicho también el licenciado Andrés Manuel López Obrador ‘un negocio jugoso ilícito siempre lleva el visto bueno del de arriba’.

Por último, si la directora Alejandra Segovia  y el tal Maurizio Mota Rodríguez quieren hacer dinero, pues deberían ponerse a trabajar en su propio despacho (aunque sea frente a las oficinas de Transporte Público) como ya lo ha hecho el licenciado Bonifacio Andrade, para que de ahí obtengan todo el dinero que los haga felices, sin extorsionar a los usuarios del servicio prestado por esta Dirección, porque en una dependencia pública están para servir no para servirse del pueblo. Y me llena de orgullo recordarlo”.