Ciudad de México.- El nepotismo se ha apuntalado como uno de los medios principales para la prevalencia de la corrupción, concediendo a quien lo realiza beneficios no contemplados por la ley, al hacer un uso indebido de sus atribuciones como funcionario público.

Pese a propiciar la comisión de otros actos de corrupción y mermar la calidad gubernamental, esta conducta no está tipificada como un delito ni como falta administrativa, aunque su existencia atenta contra la ética pública y daña la confianza de la ciudadanía. No obstante, todavía sigue siendo una práctica llevada a cabo por diversos funcionarios públicos, en todos los entes públicos.

Se trata de uno de los conductos por los cuales la corrupción se arraigó en los regímenes anteriores, ejecutándose con total impunidad. De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, el nepotismo es la “utilización de un cargo público para favorecer a familiares o amigos en la selección de personal, al margen del principio de mérito y capacidad”.

Dicha definición, acerca a esta conducta a las faltas administrativas graves contempladas por la ley, tales como el abuso de funciones, el conflicto de interés, la contratación indebida y el tráfico de influencias. Sin embargo, hasta ahora, no se le ha plasmado correcta, explícita y directamente en las normas federales, pese a interponerse en la aplicación de los principios meritocráticos.

La actual legislatura federal ha examinado la posible inclusión del nepotismo como una falta administrativa, grave por sí misma, debido a su histórico y estrecho vínculo con la corrupción.

 La iniciativa provino del Diputado Federal de MORENA, Irineo Molina, quien propuso la adición de un artículo, el 63 bis, a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para definir como una falta administrativa grave el influir para la contratación o designación de personas con las que se comparta algún grado de parentesco. Pero la iniciativa es, por sí sola, insuficiente,  al  dejar  abierta  la  posibilidad  de  la  así  llamada  “contratación cruzada”;  en  todo  caso,  las  impostergables  discusiones  sobre  este  tópico  no muestran mayor avance.

Tras la presión mediática y de la sociedad civil, el Presidente de la República ha expuesto su postura sobre esta problemática a través de un memorándum, en el que pide a todos los funcionarios públicos abstenerse de caer en el “influyentismo, amiguismo y nepotismo”.

Emitir un memorándum es insuficiente para detener una práctica normalizada dentro de la administración pública. A la par de esto, es necesario legislar en la materia, para garantizar un amplio alcance de la prohibición de esta práctica y castigar ejemplarmente a quienes infrinjan la ley. Por tanto, desde la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA) reiteran la importancia de actuar contra el nepotismo, que vulnera la integridad misma del país.