Columnistas
EL MALEFICIO DE LA REELECCIÓN
Por Leonardo Zaleta
Cronista de la ciudad
Porfirio Díaz, apoyado en el militarismo, combatió las reelecciones de Juárez y Lerdo de Tejada que permitía la Constitución de 1857. Al alcanzar el poder, fue el campeón de las reelecciones fraudulentas.
Derrocado Díaz, asesinado Madero, exiliado Huerta y promulgada la Constitución de 1917, Carranza intentó imponer en la presidencia a un civil, lo que indignó a Obregón, el militar más prestigiado. El mandatario fue acribillado en una choza en Tlaxcalantongo, Puebla, en 1920.
Después del interinato de Adolfo de la Huerta, se entronizó Obregón. Sofocó un levantamiento para imponer a Plutarco Elías Calles como heredero en 1924. El Senado, el 19 de diciembre de 1926, en una atropellada enmienda al Art. 83 constitucional permitió a Obregón reelegirse, “ya que no se trataba de periodos consecutivos”, la cual frustró el caricaturista José de León Toral, un fanático religioso, que lo asesinó el 17 de julio de 1928. Obregón ya había sufrido un atentado.
El lema “Sufragio efectivo, No reelección” fue sepultado con la creación del Partido Nacional Revolucionario en 1929, cuando la alquimia favoreció a Pascual Ortiz Rubio burlando al vasconcelismo, que en su programa incluía el voto femenino. El respeto al sufragio es incompatible con el partido de Estado. México padeció el fraude electoral durante 71 años. Y la “No reelección” estorbaba a civiles y militares ansiosos de acceder a la fuente generosa del enriquecimiento impune.
El maximato de Elías Calles -poder tras el trono- fue el nuevo disfraz reeleccionista al designar y manipular a sus sucesores a través del partido oficial. El sistema presidencialista (preeminencia sobre los otros dos poderes) señaló sucesor con base en un código no escrito. Podía no ser apropiado para el país, pero su servilismo debía garantizar encubrimiento e impunidad a quien lo ungía.
El periodo de cuatro años se transformó en sexenal, cuyo beneficiario fue Lázaro Cárdenas. Desechó el crimen como solución política y optó por desterrar al autócrata sonorense junto con algunos testaferros, en 1935.
En el sexenio de Miguel Alemán (1946-52), su camarilla padeció la perversión del poder y el tintineo del oro. Era una insensatez abandonar el paraíso. En 1951 el afán de perpetuidad retoñó.
El servilismo operó un plan para magnificar la figura del presidente: se le otorgaron títulos académicos, epítetos, reconocimientos, homenajes (fue llamado Mr. Amigo en EE.UU.), se erigió una estatua monumental en Ciudad Universitaria dinamitada poco más tarde; se construyeron arcos triunfales desde su residencia hasta el Congreso, donde rindió su quinto informe de gobierno. El diputado Gustavo Díaz Ordaz lo propuso para recibir el Premio Nobel de la Paz.
La “No Reelección” era un estorbo nauseabundo. Entonces, encargó a su secretario particular, Rogerio de la Selva, operar una posible prórroga por tres años, que se frustró. Los generales Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho, ex presidentes de prestigio, se opusieron tenazmente cuando detectaron el ardid. Se sumó el general Cándido Aguilar, diputado constituyente en 1917, e impulsor de Alemán en sus pininos.
Se entrevistó con el presidente para persuadirlo que desistiera de la reelección, a lo que Alemán contestó: “No general, yo no quiero reelegirme”. Cándido fue a los periódicos y expresó: “Acabo de hablar con el presidente y no se va a reelegir”. Su solvencia avalaba la versión. La amistad entre ambos veracruzanos se fracturó.
Alemán, entonces, maquinó una tercera opción: la candidatura de Fernando Casas Alemán, regente de la Ciudad de México y hombre de su absoluta confianza. La maniobra de recurrir a interpósita persona era muy obvia y dentro del mismo círculo del presidente vetaron al arrogante funcionario. Cárdenas amagó con darle su apoyo al general Miguel Henríquez Guzmán, candidato de oposición.
Tuvo que decidirse por Adolfo Ruiz Cortines, exdiputado federal por Tuxpan, exgobernador de Veracruz, exsecretario de Gobernación, sobrio y austero, de 62 años, que no obstante el paisanaje, tomó distancia de su antecesor. Así lo consigna Enrique Krauze (1997).
Durante el sexenio de Díaz Ordaz, en diciembre de 1964, la Cámara de Diputados presidida por Alfonso Martínez Domínguez, aprobó la reelección de los diputados del Congreso de la Unión para el periodo inmediato. El rechazo de 2,000 delegados congregados en el cine Alameda durante la IV Asamblea Nacional del PRI que presidía Carlos Madrazo, celebrada del 28 al 30 de abril de 1965, fue contundente. Se dio marcha atrás.
Madrazo pretendió democratizar la selección de candidatos a las presidencias municipales, pero no fue respaldado. Renunció el 18 de noviembre de 1965. El partido oficial quedó agrietado. Después de Tlatelolco, el dictadorzuelo desechó sus aspiraciones transexenales.
Echeverría dejó en palacio nacional a su amigo de la infancia: José López Portillo (SHCP), carente de un equipo como el de Mario Moya Palencia, secretario de Gobernación. Se dice que don Pepe, a pesar que dejó al país en bancarrota, pretendió reelegirse. Fue un César más absolutista que los romanos, que tenían el contrapeso del Senado.
Carlos Salinas de Gortari, a pesar de su encumbramiento ilícito en 1988, sondeó la prórroga usando como pretexto el levantamiento del subcomandante Marcos y su Ejército Zapatista el 1 de enero de 1994, en Chiapas, y la desestabilización que provocó el sospechoso asesinato de Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo, en Tijuana. Propuso a los principales dirigentes de los partidos políticos la modificación del Art. 82, para habilitar a los integrantes del gabinete, entre ellos Pedro Aspe Armella (SHCP), que no hubieran renunciado seis meses antes de la fecha de las elecciones como lo estipula la ley.
El destacado panista Carlos Castillo Peraza se negó rotundamente, y Porfirio Muñoz Ledo, presidente del PRD, la rechazó tajante. La prórroga implicaba que en el interregno, Salinas conservaría el mando nacional. Ante el fracaso estruendoso, optó por Ernesto Zedillo, coordinador de la campaña de Colosio, sin equipo político para disputarle el mando y al parecer más dócil que Manuel Camacho, secretario de Relaciones Exteriores, cuya ambición y talento ponían en riesgo su fidelidad y la continuidad del modelo neoliberal.
Zedillo, colérico por la trampa que le dejaron para que devaluara el peso en diciembre, encarceló a Raúl Salinas de Gortari, lo que exilió a Carlos por Irlanda y Cuba. En venganza, entregó el poder al panista Vicente Fox en el año 2000. Con el Congreso adverso la frustración fue generalizada, pero manipuló el fraude que encumbró a Felipe Calderón (2006-12), según confesión propia. Le cerró las puertas de Los Pinos a Andrés Manuel López Obrador, candidato del PRD, y este en un mitin celebrado en el zócalo el 20 de noviembre de 2006 se declaró “presidente legítimo”, le colocó la banda Rosario Ibarra. Nombró “gabinete de denuncia” para procurar la felicidad del pueblo.
Calderón prefirió entregar el triunfo en charola de plata al priista Enrique Peña Nieto (2012-18), que rebasó todos los topes de campaña, y a López Obrador (PRD, PT y Convergencia) le arrebataron las llaves de palacio por segunda vez debido a fricciones con los Chuchos al haber suscrito el Pacto por México. Nació Morena el 9 de julio de 2014.
En el año 2014, durante la gubernatura del tristemente célebre priista Javier Duarte de Ochoa, los ayuntamientos de Veracruz prolongaron su mandato de tres a cuatro años, siendo reelegibles. Precedente nefasto que premia la ilegitimidad, la opacidad y la corrupción.
En el 2018 las promesas de campaña de Morena entusiasmaron al 53.19 % de los votantes, y las expectatitvas se desbordaron. Con el señuelo de cambios fundamentales, México creyó en la retórica crítica, valiente y certera del “Peje”, al que el pueblo admiraba por contestatario, agresivo, siempre dispuesto al combate.
En su primera competencia electoral contó con el voto del hartazgo que produjo una votación suficiente para obtener la mayoría en el Congreso de la Unión y el triunfo en varios estados de la república. El “carro completo” fue un cheque en blanco. A quién le dan pan, que llore.
En la agenda pendiente era prioritario mejorar la economía, reactivar el campo, fomentar el empleo, abatir la inseguridad y la pandemia. Inició designando fiscal y presidenta de la CNDH, consiente al sector castrense, crea la Guardia Nacional y combate la corrupción por TV.
Se reformó la legislación de la administración pública para designar superdelegados en los estados, encargados de manejar con criterio político, clientelar y electoral los programas federales, como antesala para hacerlos candidatos a las gubernaturas. Paralelamente había que asegurar el carro completo en la elección intermedia del 2021, para preparar la grande en 2024.
En Baja California, el empresario Jaime Bonilla Valdez, candidato a la gubernatura por Morena, ganó las elecciones del 2 de junio del 2018 empujado por la ola triunfal. Su gestión abarcaba del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021. (Algo similar ocurrió en Veracruz con Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador por dos años: 2017 y 2018).
El Congreso del estado, presidido por el priista Edgar Gómez Macías, misteriosamente fue convocado en una sede alterna del palacio municipal de Rosarito la noche del 8 de julio, ofreciendo a los diputados un soborno de un millón de dólares a cada uno, tramitados por el subsecretario de gobierno y el director de la aduana de Mexicali, con el compromiso de eliminar el artículo 8 transitorio de la Constitución Política local que establece el periodo de dos años, para estirarlo a cinco. El soborno no ha sido comprobado, pero quedan las suspicacias y especulaciones. Fue la Suprema Corte quien echó abajo este acto anticonstitucional y retroactivo. López Obrador se deslindó: “No me involucren”.
De haberse consumado este plan piloto, era previsible que el ejemplo proliferara en otras entidades federativas. Era preciso exorcizar las reelecciones estatales para presentarlas como un anhelo colectivo.
El control del Congreso por Morena facilitó que los diputados federales sacaran adelante su reelección sin abandonar la curul. El Presidente, por supuesto, se deslindó apoyado en la división de poderes, esa pulcritud fue su mejor argumento.
En los próximos comicios, 448 de 500 diputados van a estrenar el privilegio de la reelección sin solicitar licencia y cobrando sus nada despreciables emolumentos. Este despilfarro es una atrocidad.
Pero el proceso para renovar dirigencia partidista de Morena en el 2020 se enturbió con impugnaciones, denuncias ante el INE, descalificaciones y divisiones. Y la selección de candidatos a las gubernaturas, por lo pronto, ha dejado inconformidades y renuncias.
El 6 de junio del 2021, “la madre de todas las elecciones” va a determinar si Morena y sus aliados consiguen nuevamente el control de la Cámara de Diputados y de Senadores. Si tal sucede, seguramente intentará sacar adelante la prórroga del mandato del Presidente por tres años, o su reelección. Este Decreto sería sometido a la aprobación de las entidades federativas para adquirir rango constitucional. Las 15 gubernaturas son de estratégica importancia.
No hay que olvidar que Morena sin López Obrador no tiene el mismo peso específico. Para amarrar el triunfo el próximo 6 de junio, la oposición olvidó antiguas rivalidades y se reforzó con alianzas. El registro de partidos oportunistas permite cooptar aliados al partido gobernante. El INE se atrinchera en su autonomía resistiendo presiones.
Las becas y programas han favorecido la imagen del Presidente en un sector de la sociedad, en sentido inverso, el ejercicio del poder ha desgastado su imagen a causa de algunas improvisaciones, errores, desplantes y confrontaciones. Importantes banderas electorales cayeron en el olvido y se han adoptado políticas públicas, incluso distintas, que el pueblo no comparte.
La reelección del Presidente está condicionada a desbaratar la coalición de gobernadores desafectos, y el impacto que causen los megaproyectos como el Aeropuerto Santa Lucía, el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el corredor del Istmo de Tehuantepec, etc., a las que ha apostado su capital político, relegando el combate a la pandemia que ha cobrado más de 180,000 muertes.
La historia apunta que la reelección es la máxima aspiración de los hombres del poder. Por enésima vez el fantasma de la reelección recorre la geografía de México. Un coqueteo con la dictadura va a radicalizar a la sociedad. México no puede caer en el autoritarismo y la represión. Yo no creo en las brujas, pero de que vuelan, ¡vuelan!
Columnistas
De los Ángeles a los Demonios. Día Mundial del Medio Ambiente: Reimagina, recrea, restaura
Dra. Denisse de los Ángeles Uribe Obregón
Magistrada del H. Tribunal Superior de Justicia
El próximo cinco de junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, ya que su trascendencia es considerada como la fecha más importante del calendario en materia medioambiental; los antecedentes de su instauración se remontan a junio de 1972, cuando Naciones Unidas realizó la primera gran conferencia sobre el medio humano, la cual tuvo lugar en Estocolmo, Suecia.
Como resultado de este coloquio, el 15 de diciembre de ese mismo año, se llevó a cabo la reunión de la Asamblea General de la ONU en donde se aprobó la resolución A/RES/2994/XXVII, la cual estableció el Día Mundial del Medio Ambiente, con el propósito de exhortar a los gobiernos y a las organizaciones para emprender actividades encaminadas a proteger nuestro planeta.
Es preciso señalar que durante la mencionada reunión también se aprobó la resolución que dio origen al programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente, cuyo objetivo principal es promover el uso racional de los recursos naturales e impulsar el desarrollo sostenible.
Durante este año, el Día Mundial del Medio Ambiente estará enfocado en crear conciencia sobre la importancia de cuidar los ecosistemas; bajo el lema “reimagina, recrea, restaura” desde Pakistán, sede de esta celebración, se darán a conocer las estrategias orientadas a prevenir, detener y revertir el daño causado a la naturaleza, además de que marcará el inicio del Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas.
La cooperación internacional ha traído como resultado un impacto positivo en el desarrollo del derecho ambiental, produciendo importantes cambios legislativos e institucionales en los países; desde la década de los setenta a la actualidad, México ha firmado 77 Tratados Internacionales o acuerdos interinstitucionales en la materia, entre los que destacan la Declaración de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano y la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.
Por cuanto hace a la legislación nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su artículo cuarto, párrafo quinto, el derecho humano al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar, además de establecer que el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.
La Reforma Constitucional que incluyó este derecho humano, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 1999, no obstante que desde 1988 se promulgó la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, la cual establece los presupuestos mínimos para la preservación y restauración del equilibrio ecológico y tiene entre sus objetivos definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación.
Actualmente se encuentran en vigor quince leyes de aplicación nacional en materia medioambiental, así como reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas (NOM) derivadas de éstas, además cada entidad federativa cuenta con una ley local de protección al medio ambiente.
Por cuanto hace a las autoridades federales encargadas de promover el cuidado a la naturaleza, las más importantes son: la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cuyo objetivo es brindar garantía al desarrollo sustentable y al equilibrio ambiental, así como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, encargada de vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y salvaguardar los intereses de la población en temas relacionados con la naturaleza, además de sancionar a las personas físicas y morales que violen la legislación ambiental.
Asimismo, existen numerosas fundaciones y asociaciones cuyas acciones están encaminadas a proteger la naturaleza, tales como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y Pronatura, sin embargo, debemos estar conscientes que preservar nuestro planeta es una tarea que nos corresponde a todas las personas, toda vez que nuestra supervivencia y bienestar dependen de su cuidado y protección.
Por José Roberto Ruiz Saldaña
Recientemente tuve la oportunidad de exponer de forma virtual, a invitación de la Casa de la Cultura Jurídica Veracruz, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el Caso Ximenes Lopes vs Brasil (2006). Se trata no solo del primer pronunciamiento convencional sobre los derechos de las personas con discapacidad mental, sino de una sentencia clara y contundente que fija los estándares de actuación de los Estados parte en servicios de salud mental.
El asunto se originó con motivo de lo sucedido al señor Damião Ximenes Lopes quien en octubre de 1999 ingresó, por segunda vez, a una clínica de salud mental privada por problemas de nervios, pues no quería comer ni dormir y no tomaba sus medicinas. No obstante que su ingreso se dio en perfecto estado físico, sin señales de agresividad ni lesiones corporales externas, entró en un baño del que se negaba a salir, por lo que fue dominado y retirado a la fuerza por un auxiliar de enfermería y otros pacientes; a la postre fue sometido a contención física la cual duró toda la noche; en la mañana su madre lo visitó y lo encontró sangrando, con hematomas, con dificultad para respirar, agonizante, aún sometido; finalmente murió.
En la sentencia destacan, entre otras, las consideraciones de la Corte IDH en torno a las obligaciones de los Estados así como la especial atención a las personas con enfermedad mental. Por lo que respecta el primer aspecto, la instancia internacional sostuvo que los Estados tienen la obligación de prevenir que terceros interfieran indebidamente en el goce de los derechos a la vida y a la integridad personal; en este sentido, los Estados tienen el deber de regular y fiscalizar toda la asistencia de salud prestada a las personas bajo su jurisdicción, independientemente si la entidad que la presta es de carácter público o privado; así, los Estados son responsables tanto de regular permanentemente la prestación de los servicios y la ejecución de los programas nacionales relativos al logro de una prestación de servicios de salud públicos de calidad, como de crear mecanismos para inspeccionar y fiscalizar las instituciones y establecer procedimientos disciplinarios o judiciales para casos de conducta profesional indebida o de violación de los derechos de los pacientes.
Por su parte, en relación a la especial atención a personas con discapacidad mental, la Corte IDH sostuvo que toda persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad es titular de una protección especial; que las personas con discapacidad a menudo son objeto de discriminación por su condición, por lo que los Estados deben adoptar medidas para eliminarla; que de hecho las personas con discapacidad que son sometidas a tratamientos en instituciones psiquiátricas son particularmente vulnerables a la tortura u otras formas de trato cruel, inhumano o degradante; asimismo, que los Estados deben garantizar que se preserven los derechos de los pacientes de instituciones psiquiátricas de recibir un tratamiento digno, humano, profesional y ser protegidos contra explotación, abuso y degradación.
Esta sentencia, cabe decir, ha prácticamente iniciado una línea jurisprudencial de la Corte IDH en materia de debida gestión de servicios de salud, esto es, ha guiado razonamientos en casos en que se han visto afectados distintas modalidades del derecho a la salud, como en los Casos Suárez Peralta vs Ecuador (2013), I.V. vs Bolivia (2016) y, más recientemente, Poblete Vilches vs Chile (2018). Su importancia radica en que la Corte IDH ha dejado muy claro el deber de los Estados de regular y fiscalizar las instituciones que prestan servicios de salud, como medida necesaria para la debida protección de la vida e integridad de las personas bajo su jurisdicción, es más, el Estado no solo debe regular y fiscalizar las instituciones de salud sino que tiene el especial deber de cuidado en relación con las personas ahí internadas.
Este precedente interamericano no obliga solo a Brasil sino a todos los Estados parte de la Convención Americana de Derechos Humanos por lo que hace a exigibilidad en los parámetros de actuación en tales servicios de salud. Con esa sentencia y todas aquellas con línea jurisprudencial en torno a dicho derecho, en México se debe regular y fiscalizar aún más los servicios de salud.
Consejero electoral del INE
@Jose_Roberto77
“Poza Rica, experta en refinerías. Sueños moluscos, realidades invertebradas”
Por Lic. Héctor Hugo Viveros G. Saldaña.
Poza Rica es una ciudad que cuenta en su historia, la historia de la industria petrolera de México. En resumidas cuentas, explotación de recursos naturales, fuga de dinero, sostenimiento de infraestructura y plantilla laboral por razones políticas y no técnicas, contaminación y crisis.
Desde hace décadas, la producción de hidrocarburos en Poza Rica dejó de ser suficiente para sostener el mantenimiento de la infraestructura y la plantilla laboral de los años 80’s. El problema adyacente es que la comodidad en las jornadas laborales y las altas prestaciones de los trabajadores de Petróleos Mexicanos eran inalcanzables para cualquier otro empleador. Ahora son inalcanzables para Pemex. Los accidentes fatales también se han hecho presentes.
Desde hace años, los criterios para sostener la infraestructura y la plantilla laboral responden al interés político más que una estrategia comercial financieramente sostenible, y como en muchas cosas, la pandemia nos vino a enfrentar con la realidad y la contratación de más plantilla laboral para simular una recuperación económica inexistente en la empresa que se vio obligada a detenerse.
El último suspiro de recuperación de esa industria en esta región sucedió en el sexenio 2006-2012. Las estrategias de Calderón reactivaron momentáneamente la industria, pero la inversión privada nacional y extranjera no soporta las deudas millonarias con las que Pemex operó durante mucho tiempo. Después de hacer quebrar a varias empresas, la realidad dejó de nuevo sin empleo a decenas de miles y a varias empresas quebradas por los créditos otorgados a Pemex. A la fecha, un contrato de Pemex ya no es recibido como garantía en préstamos, porque a pesar de que el Presidente declara que la corrupción y el robo de hidrocarburos ya se erradicaron, la realidad es que Pemex garantiza su necesidad pero no el pago por la obra ejecutada, los servicios prestados o los productos adquiridos. Esto es una realidad persistente y el retraso en los pagos de deuda han producido la pérdida de miles de empleos y la desaparición de decenas de empresas que quebraron esperando el pago de Pemex.
La ganancia de votos que genera las promesas de esos años de gloria, por cierto inexistentes, es una realidad molusca como su promotor: sin estructura y sin sustento, con pies y cabeza, pero sin huesos que lo sostenga.
Además, depender de una industria que explota recursos no renovables tiene un sólo destino: su desaparición de la industria junto con el recurso que explota. La opción es la fractura de la piedra porosa, técnica que condena a la muerte a la flora y fauna endémica del lugar en el que se practica, lo cual es un hecho demostrado y documentado en todo el mundo. A mediano y largo plazo la migración generada por el desempleo habría que sumarle la migración generada por la contaminación, de por sí ya grave, de los mantos acuíferos de los que se obtiene el agua potable de la ciudad. El costo de salvar la industria es matar al medio ambiente y los otros recursos para el sustento de la vida humana.
Seguir viviendo de la industria que está condenando al planeta a un periodo de extinción de especies semejante al del pérmico-triásico no es por ningún motivo una opción ética, y tampoco debería ser el centro de la propuesta de recuperación económica.
Poza Rica, necesita asumir la realidad de los hechos: 1) Pemex aprendió aquí, que los complejos petroquímicos son insostenibles ante determinadas circunstancias, y los trabajadores de la empresa saben bien porque aquí no es negocio; 2) El mayor número de empleos y productividad de la ciudad dependen de otras actividades terciarias en las que Pemex no interviene; 3) Cada 3, 4 o 6 años escuchamos el mismo discurso que promete una mega inversión para Pemex y esta nunca llegó ni llegará, prueba de ello es que ante la disposición de once mil millones de pesos, Pemex prefirió implementarlos en el extranjero y no en Poza Rica; 4) Es necesario entender y comprender que impulsar una industria que tiene como resultado final la emisión de gases de efecto invernadero y el incremento del promedio mundial de la temperatura global es éticamente insostenible; 5) La mejor opción es emanciparse de Pemex y apuntalar el desarrollo económico de la ciudad a otras actividades comerciales, que dependan menos de la intervención política y más de la innovación ciudadana; y 6) Cuando el gobierno federal tuvo dinero para invertir en la industria, Poza Rica no fue una opción, a pesar de un alcalde, diputada local, que además es presidenta del Congreso del Estado y una diputada federal que hoy busca reelegirse y al gobernador del estado que pertenecen al mismo partido político del Presidente, no mandaron dinero ni para pagar la deuda de Pemex o para reactivar la economía de la ciudad que se rindió a sus pies en las urnas en las últimas 3 elecciones.Contacto: