Columnistas
EL QUEMADOR TRICIONERO
Por Leonardo Zaleta.
Cronista de la ciudad
La neblina espesa, el viento y la lluvia se derramaban sobre las instalaciones de Nuevos Proyectos oscureciendo la madrugada fría y amenazante, como heraldos de la fatalidad. Ese viernes 22 de noviembre de 1950 Poza Rica se vistió de tristeza, dolor y muerte, lo que no había sucedido antes.
A las tres de la tarde del día anterior el soldador Guillermo Basáñez, recibió del mayordomo del Departamento Carlos Torres “El Sordo”, la orden para soldar cuatro válvulas que se conectarían con los nuevos oleoductos a las refinerías de Azcapotzalco, Madero y Salamanca, a las siete de la mañana del día siguiente.
Al fondo de la refinería, pegado a la barda que colinda con la colonia 5 de Mayo, había un quemador de gas sulfhídrico de 20 metros de altura. “El Canelo” bajó a un hoyo de metro y medio de profundidad a cumplir su tarea, por lo que le advirtió a su ayudante Lorenzo Ramírez Herrera: “Secre, por favor no pierda de vista ese quemador, si se apaga nos mata, es muy venenoso ese gas. Abusado”.
Trabajaron arduamente toda la tarde y en la noche tomaron un breve receso para cenar. Con nuevo brío continuaron la encomienda, ya que las instrucciones eran reportar el trabajo terminado a más tardar a las seis de la mañana.
Cuando dieron las cuatro la densa niebla impedía la visibilidad. Al “secre” le pareció ver que la llama se hacía pequeñita. Es por la niebla, pensó.
Media hora más tarde, “El Canelo” lo animó: “Secre, ya nomás me falta un cordón para terminar y nos vamos. Minutos después el ‘secre’ empezó a marearse y dejó caer alguna varillas golpeando a su jefe, que desde abajo protestó: Ya, ‘secre’, no esté molestando que ya terminé. Lencho le dijo: Apúrese maestro porque el quemador ya se apagó. Ambos recogieron cuanto se pudo y emprendieron la carrera dándose de tropezones pues la obscuridad era total, hasta que llegaron a la entrada de la refinería en la hoy Av. González Ortega. Eran las 5 de la mañana.
Algunos trabajadores que se disponían a iniciar el turno se marearon y otros cayeron desmayados. Comenzaron a oírse gritos de alarma desde puntos en los que no veía a nadie. “Se apagó el quemador”. “Aquí hay un desmayado”.
Llegó una ambulancia del hospital cuyos faros alumbraban el rumbo del quemador y una camioneta remolcando un extinguidor, perteneciente al departamento de Contra-Incendio. “El Canelo” reportó a su jefe: “Trabajo terminado”. Se dirigieron al hospital donde médicos, enfermeras, camilleros y auxiliares atendían a los intoxicados con la premura que el caso requería, logrando salvar aproximadamente 90 personas, entre trabajadores y vecinos de la cercana colonia Flores Magón hasta donde el gas se había desplazado silencioso y traicionero.
Desgraciadamente no fue posible salvar la vida de 24 personas. De las oficinas por vía telefónica se dio la voz de alarma y algunos conductores que atravesaban la zona de peligro propagaron la noticia en los cafés del centro, llenando la mañana de angustia y consternación.
Uno de los vecinos era Roberto Mitford Taylor Sánchez. Su padre fue un inglés que se estableció en Parras, Coahuila, ahí contrajo matrimonio con la guapa María. Nació el hijo en 1898 que quedó con sus familiares cuando el matrimonio se fue Inglaterra.
Siendo un joven Roberto fue a vivir con sus padres. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial (Inglaterra y Francia contra Alemania), y fue reclutado por el ejército inglés. Se ganó una medalla por su valentía y un balazo en la pierna. Se conserva una foto: El Cairo, Egipto, 1918. Al terminar el conflicto en 1918 se embarcó rumbo a Tampico, donde encontró ocupación como intérprete de los geólogos de la compañía El Aguila, que exploraba la huasteca veracruzana.
En Tantoyuca se enamoró de la hermosa Margarita Robles Díaz, con la que contrajo matrimonio el 15 de marzo de 1926. Establecieron su hogar en Tampico donde nacieron sus hijos: Roberto, Carlos, Gracia Esther, Ricardo, Javier, y Emilia.
Llegó a Poza Rica en 1934 en busca de fortuna, y para ganarse la vida instaló una refresquería en el tianguis ubicado cerca del taller de Combustión Interna. Más tarde consiguió trabajo en el departamento de Materiales de Pemex. Miguel nació en La Quebradora y Luis en la colonia Flores Magón, donde el matrimonio tenía una tienda. Su hijo Enrique estudiaba en Puebla. En 1944, al inaugurarse la Secundaria Díaz Mirón, aceptó impartir la cátedra de inglés.
El 22 de noviembre de 2001, señor Jacinto Martínez Hernández, trabajador petrolero jubilado, comentó en el programa “Nuestra Ciudad” conducido por Lorenzo Ramírez que transmitía Radio Mundo: “Mi vecino el señor Roberto Taylor sacó a su familia con trapos empapados de orines y agua, sobre la nariz y boca, y los encaminó hasta el actual bulevar Lázaro Cárdenas, y se regresó a auxiliar a los vecinos utilizando el mismo sistema, sacándolos fuera del área de peligro.
“Todos los vecinos éramos de las calles Hidalgo y Flores Magón, colindando con la refinería Nuevos Proyectos y la planta de azufre. Entre ellos: Juan Garrido, Fortino Huerta, Juan Berra, José Mejía Herrera, Enrique Hernández, Celerino Flores, familia Chávez Vázquez, Alejandrino Herrera, Florencio del Río, Otilio Jongitud, Mauro Mejía, Salvador Jongitud, Juan C. Torres, Clemente Mejía, familia Badillo, el chino Julio Yee, y muchos que se escapan a mi memoria”.
“Ese día fallecieron 19 personas y posteriormente 18 personas más entre adultos y niños, aumentando el número a 37 personas muertas.
El testigo presencial que perteneció al cuerpo de Bomberos Voluntarios fundado en 1949, asevera: “El accidente se debió a que habiendo demasiada neblina y soplando fuerte viento, la copa del quemador de gas venenoso se apagó y el gas se esparció…flotando a una altura de 50 centímetros del piso, por eso no fue más grande la tragedia, porque en aquel entonces muchos dormíamos en el suelo en petates y otros en catres de tijera…” Perros y gatos se salvaron, las gallinas no.
En elogio a la valiosa actuación de Don Roberto Taylor, Chinto Martínez, afirma con valor civil: “Su acto heroico nunca fue reconocido por alguna autoridad”.
Ese altruismo de rescatar a su familia y a una docena de vecinos, es muestra de valor, amor al prójimo y desprendimiento ya que corría grave riesgo su vida. Escribir su nombre en la historia es un acto de justicia.
El ingeniero Jaime J. Merino, superintendente de Pemex se presentó en el lugar del siniestro con sus colaboradores para instruir lo conducente. Recorrió la colonia casi deshabitada, alentando a los vecinos que se encontró y poniendo a su disposición el auxilio que requirieran. Dio aviso a las oficinas centrales de la empresa.
A las ocho de la mañana arribo en avión el director de Petróleos Mexicanos Antonio J. Bermúdez, profundamente conmovido. Recorrió el hospital acompañado por Merino. Se enteró del estado de los intoxicados, corroboró que el auxilio médico fuera el adecuado y dispuso la adquisición de ataúdes para que los cadáveres fueran velados en el Teatro Social. La enorme sala se llenó de arreglos florales y coronas. Los líderes concurrieron al velorio junto a los deudos y el pueblo afligido.
Recorrió el área de Nuevos Proyectos y comprobó que había algunas casas dentro de las instalaciones. Dictó las disposiciones para indemnizar a los familiares sin mayores trámites.
Don Sinesio Capitanachi en su valiosa obra (1983), enumera algunos de los vecinos indemnizados por el fallecimiento de sus familiares, incluyendo los menores de edad: Severiano Ortiz Hernández, su esposa Leonarda Cortina y dos hijos.- Margarita Meza Cruz, amasia de Encarnación Sánchez González, sus hijos Evelia y Raúl, su nieto Ernesto Valdez Sánchez.- Cesáreo Zamora Orduña y su media hermana Juana Hernández Orduña, y sus hijos Silverio, Inés e Isabel Salazar Hernández.-
Otros fueron: Fulgencio Román Loya y su hijita Santa Román Polo, perecieron, sobreviviendo la esposa Rufina Polo.- Ángel Sánchez Ortiz, dejó como deudos a su padre Juan Sánchez Lara y su esposa Guillermina Ortiz. Además de la hermana de Ángel, Bertha Castro Sánchez de Bauza.- La indemnización por la niña Teresa Garrido Ruiz, fue entregada a sus padres Juan Garrido y Antonia Ruiz.- A Cira Pelcastre Pulido, esposa del señor Pablo Zaleta, se le concedió la planta en la empresa.- María Rebeca Álvarez, murió quedando como sus herederos sus hijos Carlos Ramírez y Eulalia Jiménez. Su abuelo Apolinar Jiménez recibió la indemnización.- Los familiares de Yolanda Barrios Cruz no realizaron trámite.
La empresa indemnizó a los familiares con cantidades que fluctuaron entre 4 y 45 mil pesos. Se desalojó a las personas que vivían cerca de la planta de Nuevos Proyectos. Y según convenio, Pemex indemnizaría a los colonos por el costo de sus casas, proporcionándoles transporte para el cambio, así como materiales de construcción. Algunos colonos se reubicaron en la colonia Cazones y la Tepeyac.
El 28 de noviembre de 1950, el presidente de Coatzintla Sabino Salas Chávez, en un gesto de solidaridad con el pueblo, puso “a disposición de las personas afectadas residentes en la colonia Flores Magón, de la congregación de Poza Rica, con carácter gratuito, la porción de terreno de acuerdo a sus necesidades para construir habitación en la colonia Adolfo Ruiz Cortines de esta Villa, que cuenta con servicio de agua, luz y magnífica carretera”.
Debido a que la burocracia entorpece las buenas intenciones, se inició el juicio civil 16/53 en el Juzgado del Tercer Distrito para que se diera cumplimiento al convenio firmado. Los promotores del litigio fueron: Carlos Jiménez, Pedro H. Cruz, Eustorgia viuda de Bolaños, Alberto y Luis Márquez, Miguel Díaz, Irene Campos, María Isabel Cruz y otros, arrojando un total de 127 indemnizados que finalmente recibieron un total de $1,587, 400.00. Según el texto se contabilizaron 25 muertos.
El imaginario colectivo es terrible, fantasioso y pícaro: Un trabajador entró al turno. Poco después llegó un acomedido a acompañar a la dama en su desamparo nocturnal. La muerte los sorprendió en tórrido romance. El viudo cobró venganza haciendo pasar al Sancho como “un familiar”.
Columnistas
De los Ángeles a los Demonios. Día Mundial del Medio Ambiente: Reimagina, recrea, restaura
Dra. Denisse de los Ángeles Uribe Obregón
Magistrada del H. Tribunal Superior de Justicia
El próximo cinco de junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, ya que su trascendencia es considerada como la fecha más importante del calendario en materia medioambiental; los antecedentes de su instauración se remontan a junio de 1972, cuando Naciones Unidas realizó la primera gran conferencia sobre el medio humano, la cual tuvo lugar en Estocolmo, Suecia.
Como resultado de este coloquio, el 15 de diciembre de ese mismo año, se llevó a cabo la reunión de la Asamblea General de la ONU en donde se aprobó la resolución A/RES/2994/XXVII, la cual estableció el Día Mundial del Medio Ambiente, con el propósito de exhortar a los gobiernos y a las organizaciones para emprender actividades encaminadas a proteger nuestro planeta.
Es preciso señalar que durante la mencionada reunión también se aprobó la resolución que dio origen al programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente, cuyo objetivo principal es promover el uso racional de los recursos naturales e impulsar el desarrollo sostenible.
Durante este año, el Día Mundial del Medio Ambiente estará enfocado en crear conciencia sobre la importancia de cuidar los ecosistemas; bajo el lema “reimagina, recrea, restaura” desde Pakistán, sede de esta celebración, se darán a conocer las estrategias orientadas a prevenir, detener y revertir el daño causado a la naturaleza, además de que marcará el inicio del Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas.
La cooperación internacional ha traído como resultado un impacto positivo en el desarrollo del derecho ambiental, produciendo importantes cambios legislativos e institucionales en los países; desde la década de los setenta a la actualidad, México ha firmado 77 Tratados Internacionales o acuerdos interinstitucionales en la materia, entre los que destacan la Declaración de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano y la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.
Por cuanto hace a la legislación nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su artículo cuarto, párrafo quinto, el derecho humano al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar, además de establecer que el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.
La Reforma Constitucional que incluyó este derecho humano, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 1999, no obstante que desde 1988 se promulgó la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, la cual establece los presupuestos mínimos para la preservación y restauración del equilibrio ecológico y tiene entre sus objetivos definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación.
Actualmente se encuentran en vigor quince leyes de aplicación nacional en materia medioambiental, así como reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas (NOM) derivadas de éstas, además cada entidad federativa cuenta con una ley local de protección al medio ambiente.
Por cuanto hace a las autoridades federales encargadas de promover el cuidado a la naturaleza, las más importantes son: la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cuyo objetivo es brindar garantía al desarrollo sustentable y al equilibrio ambiental, así como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, encargada de vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y salvaguardar los intereses de la población en temas relacionados con la naturaleza, además de sancionar a las personas físicas y morales que violen la legislación ambiental.
Asimismo, existen numerosas fundaciones y asociaciones cuyas acciones están encaminadas a proteger la naturaleza, tales como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y Pronatura, sin embargo, debemos estar conscientes que preservar nuestro planeta es una tarea que nos corresponde a todas las personas, toda vez que nuestra supervivencia y bienestar dependen de su cuidado y protección.
Por José Roberto Ruiz Saldaña
Recientemente tuve la oportunidad de exponer de forma virtual, a invitación de la Casa de la Cultura Jurídica Veracruz, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el Caso Ximenes Lopes vs Brasil (2006). Se trata no solo del primer pronunciamiento convencional sobre los derechos de las personas con discapacidad mental, sino de una sentencia clara y contundente que fija los estándares de actuación de los Estados parte en servicios de salud mental.
El asunto se originó con motivo de lo sucedido al señor Damião Ximenes Lopes quien en octubre de 1999 ingresó, por segunda vez, a una clínica de salud mental privada por problemas de nervios, pues no quería comer ni dormir y no tomaba sus medicinas. No obstante que su ingreso se dio en perfecto estado físico, sin señales de agresividad ni lesiones corporales externas, entró en un baño del que se negaba a salir, por lo que fue dominado y retirado a la fuerza por un auxiliar de enfermería y otros pacientes; a la postre fue sometido a contención física la cual duró toda la noche; en la mañana su madre lo visitó y lo encontró sangrando, con hematomas, con dificultad para respirar, agonizante, aún sometido; finalmente murió.
En la sentencia destacan, entre otras, las consideraciones de la Corte IDH en torno a las obligaciones de los Estados así como la especial atención a las personas con enfermedad mental. Por lo que respecta el primer aspecto, la instancia internacional sostuvo que los Estados tienen la obligación de prevenir que terceros interfieran indebidamente en el goce de los derechos a la vida y a la integridad personal; en este sentido, los Estados tienen el deber de regular y fiscalizar toda la asistencia de salud prestada a las personas bajo su jurisdicción, independientemente si la entidad que la presta es de carácter público o privado; así, los Estados son responsables tanto de regular permanentemente la prestación de los servicios y la ejecución de los programas nacionales relativos al logro de una prestación de servicios de salud públicos de calidad, como de crear mecanismos para inspeccionar y fiscalizar las instituciones y establecer procedimientos disciplinarios o judiciales para casos de conducta profesional indebida o de violación de los derechos de los pacientes.
Por su parte, en relación a la especial atención a personas con discapacidad mental, la Corte IDH sostuvo que toda persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad es titular de una protección especial; que las personas con discapacidad a menudo son objeto de discriminación por su condición, por lo que los Estados deben adoptar medidas para eliminarla; que de hecho las personas con discapacidad que son sometidas a tratamientos en instituciones psiquiátricas son particularmente vulnerables a la tortura u otras formas de trato cruel, inhumano o degradante; asimismo, que los Estados deben garantizar que se preserven los derechos de los pacientes de instituciones psiquiátricas de recibir un tratamiento digno, humano, profesional y ser protegidos contra explotación, abuso y degradación.
Esta sentencia, cabe decir, ha prácticamente iniciado una línea jurisprudencial de la Corte IDH en materia de debida gestión de servicios de salud, esto es, ha guiado razonamientos en casos en que se han visto afectados distintas modalidades del derecho a la salud, como en los Casos Suárez Peralta vs Ecuador (2013), I.V. vs Bolivia (2016) y, más recientemente, Poblete Vilches vs Chile (2018). Su importancia radica en que la Corte IDH ha dejado muy claro el deber de los Estados de regular y fiscalizar las instituciones que prestan servicios de salud, como medida necesaria para la debida protección de la vida e integridad de las personas bajo su jurisdicción, es más, el Estado no solo debe regular y fiscalizar las instituciones de salud sino que tiene el especial deber de cuidado en relación con las personas ahí internadas.
Este precedente interamericano no obliga solo a Brasil sino a todos los Estados parte de la Convención Americana de Derechos Humanos por lo que hace a exigibilidad en los parámetros de actuación en tales servicios de salud. Con esa sentencia y todas aquellas con línea jurisprudencial en torno a dicho derecho, en México se debe regular y fiscalizar aún más los servicios de salud.
Consejero electoral del INE
@Jose_Roberto77
“Poza Rica, experta en refinerías. Sueños moluscos, realidades invertebradas”
Por Lic. Héctor Hugo Viveros G. Saldaña.
Poza Rica es una ciudad que cuenta en su historia, la historia de la industria petrolera de México. En resumidas cuentas, explotación de recursos naturales, fuga de dinero, sostenimiento de infraestructura y plantilla laboral por razones políticas y no técnicas, contaminación y crisis.
Desde hace décadas, la producción de hidrocarburos en Poza Rica dejó de ser suficiente para sostener el mantenimiento de la infraestructura y la plantilla laboral de los años 80’s. El problema adyacente es que la comodidad en las jornadas laborales y las altas prestaciones de los trabajadores de Petróleos Mexicanos eran inalcanzables para cualquier otro empleador. Ahora son inalcanzables para Pemex. Los accidentes fatales también se han hecho presentes.
Desde hace años, los criterios para sostener la infraestructura y la plantilla laboral responden al interés político más que una estrategia comercial financieramente sostenible, y como en muchas cosas, la pandemia nos vino a enfrentar con la realidad y la contratación de más plantilla laboral para simular una recuperación económica inexistente en la empresa que se vio obligada a detenerse.
El último suspiro de recuperación de esa industria en esta región sucedió en el sexenio 2006-2012. Las estrategias de Calderón reactivaron momentáneamente la industria, pero la inversión privada nacional y extranjera no soporta las deudas millonarias con las que Pemex operó durante mucho tiempo. Después de hacer quebrar a varias empresas, la realidad dejó de nuevo sin empleo a decenas de miles y a varias empresas quebradas por los créditos otorgados a Pemex. A la fecha, un contrato de Pemex ya no es recibido como garantía en préstamos, porque a pesar de que el Presidente declara que la corrupción y el robo de hidrocarburos ya se erradicaron, la realidad es que Pemex garantiza su necesidad pero no el pago por la obra ejecutada, los servicios prestados o los productos adquiridos. Esto es una realidad persistente y el retraso en los pagos de deuda han producido la pérdida de miles de empleos y la desaparición de decenas de empresas que quebraron esperando el pago de Pemex.
La ganancia de votos que genera las promesas de esos años de gloria, por cierto inexistentes, es una realidad molusca como su promotor: sin estructura y sin sustento, con pies y cabeza, pero sin huesos que lo sostenga.
Además, depender de una industria que explota recursos no renovables tiene un sólo destino: su desaparición de la industria junto con el recurso que explota. La opción es la fractura de la piedra porosa, técnica que condena a la muerte a la flora y fauna endémica del lugar en el que se practica, lo cual es un hecho demostrado y documentado en todo el mundo. A mediano y largo plazo la migración generada por el desempleo habría que sumarle la migración generada por la contaminación, de por sí ya grave, de los mantos acuíferos de los que se obtiene el agua potable de la ciudad. El costo de salvar la industria es matar al medio ambiente y los otros recursos para el sustento de la vida humana.
Seguir viviendo de la industria que está condenando al planeta a un periodo de extinción de especies semejante al del pérmico-triásico no es por ningún motivo una opción ética, y tampoco debería ser el centro de la propuesta de recuperación económica.
Poza Rica, necesita asumir la realidad de los hechos: 1) Pemex aprendió aquí, que los complejos petroquímicos son insostenibles ante determinadas circunstancias, y los trabajadores de la empresa saben bien porque aquí no es negocio; 2) El mayor número de empleos y productividad de la ciudad dependen de otras actividades terciarias en las que Pemex no interviene; 3) Cada 3, 4 o 6 años escuchamos el mismo discurso que promete una mega inversión para Pemex y esta nunca llegó ni llegará, prueba de ello es que ante la disposición de once mil millones de pesos, Pemex prefirió implementarlos en el extranjero y no en Poza Rica; 4) Es necesario entender y comprender que impulsar una industria que tiene como resultado final la emisión de gases de efecto invernadero y el incremento del promedio mundial de la temperatura global es éticamente insostenible; 5) La mejor opción es emanciparse de Pemex y apuntalar el desarrollo económico de la ciudad a otras actividades comerciales, que dependan menos de la intervención política y más de la innovación ciudadana; y 6) Cuando el gobierno federal tuvo dinero para invertir en la industria, Poza Rica no fue una opción, a pesar de un alcalde, diputada local, que además es presidenta del Congreso del Estado y una diputada federal que hoy busca reelegirse y al gobernador del estado que pertenecen al mismo partido político del Presidente, no mandaron dinero ni para pagar la deuda de Pemex o para reactivar la economía de la ciudad que se rindió a sus pies en las urnas en las últimas 3 elecciones.Contacto: