Columnistas
“… Ni para profetas, ni para demagogos.”
Propuestas ante el abandono y la suspensión de la administración de Justicia Local en Veracruz. El silencio de los litigantes y la justicia digital.
Por Héctor Hugo Viveros G. Saldaña. Profesor de la Universidad Veracruzana
La pandemia por el COVID-19 ha afectado a todos los sectores, pero hasta no escuchar un testimonio, el daño no se dimensiona. En materia de administración de justicia, ha tenido efectos particulares que desde mi perspectiva nos han puesto al tanto de viejas carencias, y malos usos y costumbres que se han maximizado hecho de manifiesto la necesidad de cambios inmediatos y radicales.
Primero un relato del desarrollo de la pandemia y sus afectaciones al sistema de justicia estatal en Veracruz. El 15 de marzo se cumplirá un año de que inició la toma de medidas para prevenir contagios por COVID-19 entre el personal que labora en Juzgados, Tribunales y Salas del Poder Judicial del Estado. En un año se podría decir que estas medidas se han implementado en dos etapas. La primera fue la suspensión casi total de las actividades del Poder Judicial durante 6 meses. El Consejo de la Judicatura determinó el inicio de la suspensión temporal de actividades y éstas continuaron hasta septiembre de 2020. Haciendo cuentas, el Poder Judicial solo dio servicios la mitad del año. A pesar de esta suspensión, no hubo noticias de subejercicio del presupuesto aprobado. Sobre el tema presupuestal puntualizaré más adelante.
La segunda etapa, en la que nos encontramos, consiste en reanudar las actividades, pero con medidas de protección para el personal y de restricción para abogadas, abogados y litigantes. Las medidas de protección para el personal consistieron en que aquellos con un factor de riesgo mayor deben quedarse en casa (con excepciones) enviando al personal laboral vulnerable a sus casas, pero no a “home office”. La mayoría no ha regresado a su puesto. Todo este tiempo con goce de sueldo y probablemente con sus bonos trimestrales, aguinaldo, etc. Para los litigantes, el acceso a los Juzgados es limitado: 18 citas matutinas diarias para consultar expedientes, 6 citas para ratificar convenios y otras promociones, y dos audiencias diarias por juzgado. Actualmente, la agenda de algunos Juzgados ya está llena hasta mayo de 2021. Solo se puede acceder a consultar expedientes con previa cita que se obtiene a través de un sistema en línea que únicamente permite a los litigantes o a las partes agendar una cita por día, es decir, si se quiere agendar una cita para consultar un expediente una persona solo puede agendar una cita cada 24 horas, aunque se quiera consultar en diferentes días. De hecho esto no sirve de nada, las escaleras de los Juzgados y las afueras de los mismos están llenas de abogadas y abogados, muchos de ellos, mayores de 60 años, sin poder prescindir de salir a trabajar, pues no tiene las prestaciones de los empleados del Poder Judicial.
Por otro lado con el Consejo de la Judicatura emite acuerdos que determinan suspensiones esporádicas de uno o dos días durante la semana. Las suspensiones esporádicas son a nivel estatal, sin considerar el color del semáforo epidemiológico de cada distrito o ciudad cabecera de distrito judicial. Aun estando algunos en verde, las circulares del Poder Judicial cierran todos los juzgados, todas las salas. De seguir en este tenor, durante 2021, volveríamos a tener solo el 50% de días de actividad en el Poder Judicial. Además de estas suspensiones por COVID, el Poder judicial ordena suspender las actividades en cada día festivo conforme a la Constitución y aquellos concedidos en los contratos colectivos de trabajo del personal del Poder Judicial.
Esta semana, por acuerdo del consejo, se suspendieron las actividades el viernes pasado y este lunes; la última semana de enero se suspendieron las actividades los días jueves 28 y viernes 29 de enero, y esta suspensión se extendió hasta el lunes 1 y martes 2 de febrero en conmemoración al 5 de febrero. En total fueron 6 días en los que no se pudo agendar una sola cita en todo el estado. El personal de sistemas del Poder Judicial se fue a casa y hasta la mañana del miércoles se pudo comenzar a sacar citas en el sistema. El personal que sí asiste a trabajar está saturado. Las enfermedades derivadas de la sobrecarga de trabajo y el estrés ya se notan. En algunos Juzgados no hay personal de archivo, ni actuarios, por lo que esas funciones las realizan otros integrantes del personal. Trabajan doble jornada por el mismo salario. En algunos casos los juzgados operan gracias a los meritorios, personas que no reciben remuneración alguna del Poder Judicial por la labor que hacen. La mayoría de estos meritorios son jóvenes estudiantes o recién egresados de la universidad que esperan la oportunidad de un contrato. Sin oficiales de mesa las audiencias y diligencias son escasas.
Hay Juzgados que en su estructura cuentan con 4 o 5 mesas de trámites, pero algunos de quienes laboran ahí están incapacitados y en algunos Juzgados solo asisten a trabajar una o dos personas y esas dos son las encargadas de celebrar audiencias, redactar acuerdos, publicar estrados, actualizar libros de gobierno, control, alfabético, traslado, distribución y registro; están al máximo de la resistencia desde septiembre del 2020. Podría ser explotación laboral. La dimensión del problema a nivel estatal es tremenda.
Tan solo en materia civil y familiar, durante el año 2019, se radicaron, cuando menos 63,000 expedientes y en 2020, no menos de 39,000. A estos número habría que sumar los que se encuentran en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, los del sistema Penal y de Justicia para Adolescentes. Cada vez que el Poder Judicial suspende sus actividades, detiene todos estos procedimientos sin dejar opciones más que esperar. Recordemos que durante 2020, durante 6 meses solo se iniciaron asuntos urgentes. Además durante los últimos 4 años el presupuesto de egresos del Poder Judicial se ha reducido casi en un 40%, de 2,500 a 1,600 millones de pesos, aun cuando el trabajo no disminuye y se han creado nuevos Juzgados.
El Poder Legislativo ha abandonado toda intención de mejorar la administración de justicia. Vienen reduciendo el presupuesto y no hay mención alguna para implementar reformas que obliguen a los juzgados y jueces a celebrar audiencias orales civiles, familiares y mercantiles en línea, presididas por los jueces. Es cierto que por un lado se han abierto nuevas instalaciones del Poder Judicial a lo largo del estado, pero de poco sirven las paredes y los techos si en otros logares no hay sillas, escritorios, hojas o tóner para imprimir. Es falso que la austeridad permita mantener operativa a la justicia, en algunos Juzgados no hay ni internet, hojas, sillas, escritorios o computadoras. El Poder Judicial necesita recuperar, cuando menos el presupuesto de 2,500 millones de pesos para este año. Hasta donde se puede recordar, esta es la primera mención del tema. El temor fundado de los abogados a manifestar abierta y claramente la situación del Poder Judicial podría acarrear consecuencias, pues la costumbre es más propensa al rendimiento de pleitesía que a la exposición de la realidad en que opera el sistema de justicia. Pero estas suspensiones del Poder Judicial ya llevaron a la quiebra económica a varios profesionistas del Derecho.
La economía de las y los abogados postulantes se ve afectada porque no podemos mostrar resultados a los clientes. También ha afectado la economía de las familias involucradas en los procedimientos que no avanzan y no se resuelven. Las suspensiones afectan a miles de personas y no hay una sola mención, si quiera una insinuación de que se busque habilitar audiencias en línea o el trámite digital de asuntos, cosa que en el Poder Judicial Federal sucede desde algunos años y en otros estados, los acuerdos de suspensión se acompañan con acuerdos de habilitación de audiencias por vía remota, pero aquí en Veracruz nada.
Hace tiempo se veía a la justicia digitalizada como un lujo o una excentricidad del sistema, pero en la actualidad, y ante el panorama de nuevas cepas del virus, un plan de vacunación incierto y con un abasto de vacunas aún más incierto, todo apunta a que este año en cualquier momento se podrían detener las actividades por tiempo indefinido. La solución a esto es la justicia digital. Esto retornaría a las actividades a las personas que se fueron a casa desde marzo. No a todas, pero sí a un buen número. Los abogados estamos dispuestos a cooperar con la compra de videocámaras o cámaras web, digitalizadores de documentos y lo que sea necesario para celebrar audiencias en línea con tal de avanzar, a recibir notificaciones por WhatsApp, como lo hacen los juzgados penales, a presentar demandas con firma electrónica de los clientes y a revisar el contenido total de expediente en línea para no ir al juzgado y no exponernos ni exponer al personal de riesgo de los Juzgados, pero sin voluntad del Poder Judicial nada se puede.
Podrían negarse a aceptar que en casa tienen internet, a celebrar audiencias virtuales por falta de marco que las regule, negarse a instalar o aprender sobre el funcionamiento del software que los niños de primaria usan para sus clases en línea. A las y los diputados electos por voto popular, que están en funciones, a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura, les pregunto: ¿Cómo ayudamos? ¿Cuándo empezamos?, ¿Dónde nos reunimos? y ¿Qué fecha pondremos de meta para la celebración de la primera audiencia virtual en el estado de Veracruz?
Columnistas
De los Ángeles a los Demonios. Día Mundial del Medio Ambiente: Reimagina, recrea, restaura
Dra. Denisse de los Ángeles Uribe Obregón
Magistrada del H. Tribunal Superior de Justicia
El próximo cinco de junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, ya que su trascendencia es considerada como la fecha más importante del calendario en materia medioambiental; los antecedentes de su instauración se remontan a junio de 1972, cuando Naciones Unidas realizó la primera gran conferencia sobre el medio humano, la cual tuvo lugar en Estocolmo, Suecia.
Como resultado de este coloquio, el 15 de diciembre de ese mismo año, se llevó a cabo la reunión de la Asamblea General de la ONU en donde se aprobó la resolución A/RES/2994/XXVII, la cual estableció el Día Mundial del Medio Ambiente, con el propósito de exhortar a los gobiernos y a las organizaciones para emprender actividades encaminadas a proteger nuestro planeta.
Es preciso señalar que durante la mencionada reunión también se aprobó la resolución que dio origen al programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente, cuyo objetivo principal es promover el uso racional de los recursos naturales e impulsar el desarrollo sostenible.
Durante este año, el Día Mundial del Medio Ambiente estará enfocado en crear conciencia sobre la importancia de cuidar los ecosistemas; bajo el lema “reimagina, recrea, restaura” desde Pakistán, sede de esta celebración, se darán a conocer las estrategias orientadas a prevenir, detener y revertir el daño causado a la naturaleza, además de que marcará el inicio del Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas.
La cooperación internacional ha traído como resultado un impacto positivo en el desarrollo del derecho ambiental, produciendo importantes cambios legislativos e institucionales en los países; desde la década de los setenta a la actualidad, México ha firmado 77 Tratados Internacionales o acuerdos interinstitucionales en la materia, entre los que destacan la Declaración de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano y la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.
Por cuanto hace a la legislación nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su artículo cuarto, párrafo quinto, el derecho humano al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar, además de establecer que el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.
La Reforma Constitucional que incluyó este derecho humano, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 1999, no obstante que desde 1988 se promulgó la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, la cual establece los presupuestos mínimos para la preservación y restauración del equilibrio ecológico y tiene entre sus objetivos definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación.
Actualmente se encuentran en vigor quince leyes de aplicación nacional en materia medioambiental, así como reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas (NOM) derivadas de éstas, además cada entidad federativa cuenta con una ley local de protección al medio ambiente.
Por cuanto hace a las autoridades federales encargadas de promover el cuidado a la naturaleza, las más importantes son: la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cuyo objetivo es brindar garantía al desarrollo sustentable y al equilibrio ambiental, así como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, encargada de vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y salvaguardar los intereses de la población en temas relacionados con la naturaleza, además de sancionar a las personas físicas y morales que violen la legislación ambiental.
Asimismo, existen numerosas fundaciones y asociaciones cuyas acciones están encaminadas a proteger la naturaleza, tales como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y Pronatura, sin embargo, debemos estar conscientes que preservar nuestro planeta es una tarea que nos corresponde a todas las personas, toda vez que nuestra supervivencia y bienestar dependen de su cuidado y protección.
Por José Roberto Ruiz Saldaña
Recientemente tuve la oportunidad de exponer de forma virtual, a invitación de la Casa de la Cultura Jurídica Veracruz, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el Caso Ximenes Lopes vs Brasil (2006). Se trata no solo del primer pronunciamiento convencional sobre los derechos de las personas con discapacidad mental, sino de una sentencia clara y contundente que fija los estándares de actuación de los Estados parte en servicios de salud mental.
El asunto se originó con motivo de lo sucedido al señor Damião Ximenes Lopes quien en octubre de 1999 ingresó, por segunda vez, a una clínica de salud mental privada por problemas de nervios, pues no quería comer ni dormir y no tomaba sus medicinas. No obstante que su ingreso se dio en perfecto estado físico, sin señales de agresividad ni lesiones corporales externas, entró en un baño del que se negaba a salir, por lo que fue dominado y retirado a la fuerza por un auxiliar de enfermería y otros pacientes; a la postre fue sometido a contención física la cual duró toda la noche; en la mañana su madre lo visitó y lo encontró sangrando, con hematomas, con dificultad para respirar, agonizante, aún sometido; finalmente murió.
En la sentencia destacan, entre otras, las consideraciones de la Corte IDH en torno a las obligaciones de los Estados así como la especial atención a las personas con enfermedad mental. Por lo que respecta el primer aspecto, la instancia internacional sostuvo que los Estados tienen la obligación de prevenir que terceros interfieran indebidamente en el goce de los derechos a la vida y a la integridad personal; en este sentido, los Estados tienen el deber de regular y fiscalizar toda la asistencia de salud prestada a las personas bajo su jurisdicción, independientemente si la entidad que la presta es de carácter público o privado; así, los Estados son responsables tanto de regular permanentemente la prestación de los servicios y la ejecución de los programas nacionales relativos al logro de una prestación de servicios de salud públicos de calidad, como de crear mecanismos para inspeccionar y fiscalizar las instituciones y establecer procedimientos disciplinarios o judiciales para casos de conducta profesional indebida o de violación de los derechos de los pacientes.
Por su parte, en relación a la especial atención a personas con discapacidad mental, la Corte IDH sostuvo que toda persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad es titular de una protección especial; que las personas con discapacidad a menudo son objeto de discriminación por su condición, por lo que los Estados deben adoptar medidas para eliminarla; que de hecho las personas con discapacidad que son sometidas a tratamientos en instituciones psiquiátricas son particularmente vulnerables a la tortura u otras formas de trato cruel, inhumano o degradante; asimismo, que los Estados deben garantizar que se preserven los derechos de los pacientes de instituciones psiquiátricas de recibir un tratamiento digno, humano, profesional y ser protegidos contra explotación, abuso y degradación.
Esta sentencia, cabe decir, ha prácticamente iniciado una línea jurisprudencial de la Corte IDH en materia de debida gestión de servicios de salud, esto es, ha guiado razonamientos en casos en que se han visto afectados distintas modalidades del derecho a la salud, como en los Casos Suárez Peralta vs Ecuador (2013), I.V. vs Bolivia (2016) y, más recientemente, Poblete Vilches vs Chile (2018). Su importancia radica en que la Corte IDH ha dejado muy claro el deber de los Estados de regular y fiscalizar las instituciones que prestan servicios de salud, como medida necesaria para la debida protección de la vida e integridad de las personas bajo su jurisdicción, es más, el Estado no solo debe regular y fiscalizar las instituciones de salud sino que tiene el especial deber de cuidado en relación con las personas ahí internadas.
Este precedente interamericano no obliga solo a Brasil sino a todos los Estados parte de la Convención Americana de Derechos Humanos por lo que hace a exigibilidad en los parámetros de actuación en tales servicios de salud. Con esa sentencia y todas aquellas con línea jurisprudencial en torno a dicho derecho, en México se debe regular y fiscalizar aún más los servicios de salud.
Consejero electoral del INE
@Jose_Roberto77
“Poza Rica, experta en refinerías. Sueños moluscos, realidades invertebradas”
Por Lic. Héctor Hugo Viveros G. Saldaña.
Poza Rica es una ciudad que cuenta en su historia, la historia de la industria petrolera de México. En resumidas cuentas, explotación de recursos naturales, fuga de dinero, sostenimiento de infraestructura y plantilla laboral por razones políticas y no técnicas, contaminación y crisis.
Desde hace décadas, la producción de hidrocarburos en Poza Rica dejó de ser suficiente para sostener el mantenimiento de la infraestructura y la plantilla laboral de los años 80’s. El problema adyacente es que la comodidad en las jornadas laborales y las altas prestaciones de los trabajadores de Petróleos Mexicanos eran inalcanzables para cualquier otro empleador. Ahora son inalcanzables para Pemex. Los accidentes fatales también se han hecho presentes.
Desde hace años, los criterios para sostener la infraestructura y la plantilla laboral responden al interés político más que una estrategia comercial financieramente sostenible, y como en muchas cosas, la pandemia nos vino a enfrentar con la realidad y la contratación de más plantilla laboral para simular una recuperación económica inexistente en la empresa que se vio obligada a detenerse.
El último suspiro de recuperación de esa industria en esta región sucedió en el sexenio 2006-2012. Las estrategias de Calderón reactivaron momentáneamente la industria, pero la inversión privada nacional y extranjera no soporta las deudas millonarias con las que Pemex operó durante mucho tiempo. Después de hacer quebrar a varias empresas, la realidad dejó de nuevo sin empleo a decenas de miles y a varias empresas quebradas por los créditos otorgados a Pemex. A la fecha, un contrato de Pemex ya no es recibido como garantía en préstamos, porque a pesar de que el Presidente declara que la corrupción y el robo de hidrocarburos ya se erradicaron, la realidad es que Pemex garantiza su necesidad pero no el pago por la obra ejecutada, los servicios prestados o los productos adquiridos. Esto es una realidad persistente y el retraso en los pagos de deuda han producido la pérdida de miles de empleos y la desaparición de decenas de empresas que quebraron esperando el pago de Pemex.
La ganancia de votos que genera las promesas de esos años de gloria, por cierto inexistentes, es una realidad molusca como su promotor: sin estructura y sin sustento, con pies y cabeza, pero sin huesos que lo sostenga.
Además, depender de una industria que explota recursos no renovables tiene un sólo destino: su desaparición de la industria junto con el recurso que explota. La opción es la fractura de la piedra porosa, técnica que condena a la muerte a la flora y fauna endémica del lugar en el que se practica, lo cual es un hecho demostrado y documentado en todo el mundo. A mediano y largo plazo la migración generada por el desempleo habría que sumarle la migración generada por la contaminación, de por sí ya grave, de los mantos acuíferos de los que se obtiene el agua potable de la ciudad. El costo de salvar la industria es matar al medio ambiente y los otros recursos para el sustento de la vida humana.
Seguir viviendo de la industria que está condenando al planeta a un periodo de extinción de especies semejante al del pérmico-triásico no es por ningún motivo una opción ética, y tampoco debería ser el centro de la propuesta de recuperación económica.
Poza Rica, necesita asumir la realidad de los hechos: 1) Pemex aprendió aquí, que los complejos petroquímicos son insostenibles ante determinadas circunstancias, y los trabajadores de la empresa saben bien porque aquí no es negocio; 2) El mayor número de empleos y productividad de la ciudad dependen de otras actividades terciarias en las que Pemex no interviene; 3) Cada 3, 4 o 6 años escuchamos el mismo discurso que promete una mega inversión para Pemex y esta nunca llegó ni llegará, prueba de ello es que ante la disposición de once mil millones de pesos, Pemex prefirió implementarlos en el extranjero y no en Poza Rica; 4) Es necesario entender y comprender que impulsar una industria que tiene como resultado final la emisión de gases de efecto invernadero y el incremento del promedio mundial de la temperatura global es éticamente insostenible; 5) La mejor opción es emanciparse de Pemex y apuntalar el desarrollo económico de la ciudad a otras actividades comerciales, que dependan menos de la intervención política y más de la innovación ciudadana; y 6) Cuando el gobierno federal tuvo dinero para invertir en la industria, Poza Rica no fue una opción, a pesar de un alcalde, diputada local, que además es presidenta del Congreso del Estado y una diputada federal que hoy busca reelegirse y al gobernador del estado que pertenecen al mismo partido político del Presidente, no mandaron dinero ni para pagar la deuda de Pemex o para reactivar la economía de la ciudad que se rindió a sus pies en las urnas en las últimas 3 elecciones.Contacto: