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“… Ni para profetas, ni para demagogos.”

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Propuestas ante el abandono y la suspensión de la administración de Justicia Local en Veracruz. El silencio de los litigantes y la justicia digital.

Por Héctor Hugo Viveros G. Saldaña. Profesor de la Universidad Veracruzana

La pandemia por el COVID-19 ha afectado a todos los sectores, pero hasta no escuchar un testimonio, el daño no se dimensiona. En materia de administración de justicia, ha tenido efectos particulares que desde mi perspectiva nos han puesto al tanto de viejas carencias, y malos usos y costumbres que se han maximizado hecho de manifiesto la necesidad de cambios inmediatos y radicales.

Primero un relato del desarrollo de la pandemia y sus afectaciones al sistema de justicia estatal en Veracruz. El 15 de marzo se cumplirá un año de que inició la toma de medidas para prevenir contagios por COVID-19 entre el personal que labora en Juzgados, Tribunales y Salas del Poder Judicial del Estado. En un año se podría decir que estas medidas se han implementado en dos etapas. La primera fue la suspensión casi total de las actividades del Poder Judicial durante 6 meses. El Consejo de la Judicatura determinó el inicio de la suspensión temporal de actividades y éstas continuaron hasta septiembre de 2020. Haciendo cuentas, el Poder Judicial solo dio servicios la mitad del año. A pesar de esta suspensión, no hubo noticias de subejercicio del presupuesto aprobado. Sobre el tema presupuestal puntualizaré más adelante.

La segunda etapa, en la que nos encontramos, consiste en reanudar las actividades, pero con medidas de protección para el personal y de restricción para abogadas, abogados y litigantes. Las medidas de protección para el personal consistieron en que aquellos con un factor de riesgo mayor deben quedarse en casa (con excepciones) enviando al personal laboral vulnerable a sus casas, pero no a “home office”. La mayoría no ha regresado a su puesto. Todo este tiempo con goce de sueldo y probablemente con sus bonos trimestrales, aguinaldo, etc. Para los litigantes, el acceso a los Juzgados es limitado: 18 citas matutinas diarias para consultar expedientes, 6 citas para ratificar convenios y otras promociones, y dos audiencias diarias por juzgado. Actualmente, la agenda de algunos Juzgados ya está llena hasta mayo de 2021. Solo se puede acceder a consultar expedientes con previa cita que se obtiene a través de un sistema en línea que únicamente permite a los litigantes o a las partes agendar una cita por día, es decir, si se quiere agendar una cita para consultar un expediente una persona solo puede agendar una cita cada 24 horas, aunque se quiera consultar en diferentes días. De hecho esto no sirve de nada, las escaleras de los Juzgados y las afueras de los mismos están llenas de abogadas y abogados, muchos de ellos, mayores de 60 años, sin poder prescindir de salir a trabajar, pues no tiene las prestaciones de los empleados del Poder Judicial.

Por otro lado con el Consejo de la Judicatura emite acuerdos que determinan suspensiones esporádicas de uno o dos días durante la semana. Las suspensiones esporádicas son a nivel estatal, sin considerar el color del semáforo epidemiológico de cada distrito o ciudad cabecera de distrito judicial. Aun estando algunos en verde, las circulares del Poder Judicial cierran todos los juzgados, todas las salas. De seguir en este tenor, durante 2021, volveríamos a tener solo el 50% de días de actividad en el Poder Judicial. Además de estas suspensiones por COVID, el Poder judicial ordena suspender las actividades en cada día festivo conforme a la Constitución y aquellos concedidos en los contratos colectivos de trabajo del personal del Poder Judicial.

Esta semana, por acuerdo del consejo, se suspendieron las actividades el viernes pasado y este lunes; la última semana de enero se suspendieron las actividades los días jueves 28 y viernes 29 de enero, y esta suspensión se extendió hasta el lunes 1 y martes 2 de febrero en conmemoración al 5 de febrero. En total fueron 6 días en los que no se pudo agendar una sola cita en todo el estado. El personal de sistemas del Poder Judicial se fue a casa y hasta la mañana del miércoles se pudo comenzar a sacar citas en el sistema. El personal que sí asiste a trabajar está saturado. Las enfermedades derivadas de la sobrecarga de trabajo y el estrés ya se notan. En algunos Juzgados no hay personal de archivo, ni actuarios, por lo que esas funciones las realizan otros integrantes del personal. Trabajan doble jornada por el mismo salario. En algunos casos los juzgados operan gracias a los meritorios, personas que no reciben remuneración alguna del Poder Judicial por la labor que hacen. La mayoría de estos meritorios son jóvenes estudiantes o recién egresados de la universidad que esperan la oportunidad de un contrato. Sin oficiales de mesa las audiencias y diligencias son escasas.

Hay Juzgados que en su estructura cuentan con 4 o 5 mesas de trámites, pero algunos de quienes laboran ahí están incapacitados y en algunos Juzgados solo asisten a trabajar una o dos personas y esas dos son las encargadas de celebrar audiencias, redactar acuerdos, publicar estrados, actualizar libros de gobierno, control, alfabético, traslado, distribución y registro; están al máximo de la resistencia desde septiembre del 2020. Podría ser explotación laboral. La dimensión del problema a nivel estatal es tremenda.

Tan solo en materia civil y familiar, durante el año 2019, se radicaron, cuando menos 63,000 expedientes y en 2020, no menos de 39,000. A estos número habría que sumar los que se encuentran en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, los del sistema Penal y de Justicia para Adolescentes. Cada vez que el Poder Judicial suspende sus actividades, detiene todos estos procedimientos sin dejar opciones más que esperar. Recordemos que durante 2020, durante 6 meses solo se iniciaron asuntos urgentes. Además durante los últimos 4 años el presupuesto de egresos del Poder Judicial se ha reducido casi en un 40%, de 2,500 a 1,600 millones de pesos, aun cuando el trabajo no disminuye y se han creado nuevos Juzgados.

 El Poder Legislativo ha abandonado toda intención de mejorar la administración de justicia. Vienen reduciendo el presupuesto y no hay mención alguna para implementar reformas que obliguen a los juzgados y jueces a celebrar audiencias orales civiles, familiares y mercantiles en línea, presididas por los jueces. Es cierto que por un lado se han abierto nuevas instalaciones del Poder Judicial a lo largo del estado, pero de poco sirven las paredes y los techos si en otros logares no hay sillas, escritorios, hojas o tóner para imprimir. Es falso que la austeridad permita mantener operativa a la justicia, en algunos Juzgados no hay ni internet, hojas, sillas, escritorios o computadoras. El Poder Judicial necesita recuperar, cuando menos el presupuesto de 2,500 millones de pesos para este año. Hasta donde se puede recordar, esta es la primera mención del tema. El temor fundado de los abogados a manifestar abierta y claramente la situación del Poder Judicial podría acarrear consecuencias, pues la costumbre es más propensa al rendimiento de pleitesía que a la exposición de la realidad en que opera el sistema de justicia. Pero estas suspensiones del Poder Judicial ya llevaron a la quiebra económica a varios profesionistas del Derecho.

La economía de las y los abogados postulantes se ve afectada porque no podemos mostrar resultados a los clientes. También ha afectado la economía de las familias involucradas en los procedimientos que no avanzan y no se resuelven. Las suspensiones afectan a miles de personas y no hay una sola mención, si quiera una insinuación de que se busque habilitar audiencias en línea o el trámite digital de asuntos, cosa que en el Poder Judicial Federal sucede desde algunos años y en otros estados, los acuerdos de suspensión se acompañan con acuerdos de habilitación de audiencias por vía remota, pero aquí en Veracruz nada.

Hace tiempo se veía a la justicia digitalizada como un lujo o una excentricidad del sistema, pero en la actualidad, y ante el panorama de nuevas cepas del virus, un plan de vacunación incierto y con un abasto de vacunas aún más incierto, todo apunta a que este año en cualquier momento se podrían detener las actividades por tiempo indefinido. La solución a esto es la justicia digital. Esto retornaría a las actividades a las personas que se fueron a casa desde marzo. No a todas, pero sí a un buen número. Los abogados estamos dispuestos a cooperar con la compra de videocámaras o cámaras web, digitalizadores de documentos y lo que sea necesario para celebrar audiencias en línea con tal de avanzar, a recibir notificaciones por WhatsApp, como lo hacen los juzgados penales, a presentar demandas con firma electrónica de los clientes y a revisar el contenido total de expediente en línea para no ir al juzgado y no exponernos ni exponer al personal de riesgo de los Juzgados, pero sin voluntad del Poder Judicial nada se puede.

Podrían negarse a aceptar que en casa tienen internet, a celebrar audiencias virtuales por falta de marco que las regule, negarse a instalar o aprender sobre el funcionamiento del software que los niños de primaria usan para sus clases en línea. A las y los diputados electos por voto popular, que están en funciones, a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura, les pregunto: ¿Cómo ayudamos? ¿Cuándo empezamos?, ¿Dónde nos reunimos? y ¿Qué fecha pondremos de meta para la celebración de la primera audiencia virtual en el estado de Veracruz?

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DE LOS ÁNGELES A LOS DEMONIOS. Igualdad, Inclusión y cero discriminación

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Dra. Denisse de los Ángeles Uribe Obregón. Magistrada del H. Tribunal Superior de Justicia

Este 1 de marzo se conmemora a nivel internacional el Día para la Cero Discriminación, proclamado por Naciones Unidas en 2013 con el propósito de promover la diversidad, la inclusión y el derecho que tenemos todas las personas a vivir una vida plena y con dignidad.

La Asamblea General de la ONU a través de la celebración de esta fecha reitera el mandato establecido por el artículo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el cual reconoce que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.

En nuestro país, después de una importante lucha y cabildeo de ciudadanos, académicos y colectivos en situación de discriminación, se logró armonizar el derecho interno con el internacional a través de la Reforma constitucional realizada el 14 de agosto de 2001.

La citada Reforma incorporó un párrafo tercero al artículo primero de nuestra Carta Magna, agregando una cláusula de no discriminación, misma que sufrió modificaciones en 2006 y 2011 con el propósito de maximizar los derechos humanos de todas las personas sin distinción.

El derecho a no ser discriminado refuerza la protección ofrecida por el principio de igualdad, mismo que representa la esencia de los Derechos Humanos; el artículo segundo de la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la discriminación señala que, corresponde al estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas.

México es un país diverso, la riqueza de nuestra nación tiene su esencia en la pluriculturalidad reconocida por el artículo segundo constitucional; somos uno de los estados con mayor diversidad cultural, étnica y lingüística; una nación rica en costumbres y tradiciones sustentadas principalmente en nuestro origen indígena y en la mezcla étnica y cultural con aquellos que han arribado a nuestro país desde otros continentes, principalmente europeos y africanos quienes constituyen la tercera raíz del mestizaje mexicano.

Es importante mencionar que, el estado de Veracruz ha desempeñado un importante papel en la historia de las poblaciones afrodescendientes, ya que, luego de treinta años de lucha, en nuestra entidad se fundó el primer pueblo libre de América; San Lorenzo de los negros, actualmente llamado Yanga en honor a su fundador.

Durante los siglos XIX y XX México también recibió importantes migraciones asiáticas como resultado de los proyectos de colonización que buscaban impulsar un nuevo modelo de desarrollo, propiciando la interculturalidad y el mestizaje.

Además de pluralidad cultural, en nuestro país existe diversidad religiosa, variedad de opiniones y diversidad de género, entre otras diferencias que forman parte de nuestra identidad personal y no deben colocarnos en situación de vulnerabilidad.

La promoción de la diversidad y la inclusión centrada en los grupos más vulnerables son factores fundamentales para garantizar la igualdad, todas las personas tenemos derecho a recibir un trato digno y a vivir en un mundo justo, equitativo y sin discriminación.

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PROYECTO COVAX ¿ESTÁ RESULTANDO?

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Columna: Palabra de Mujer.

Mtra. Lilia Christfield Lugo

Catedrática y asesora de Congreso del estado de Veracruz.

En una etapa temprana de esta pandemia, rápidamente se hizo evidente que para poner fin a esta crisis global no solo necesitamos vacunas COVID-19, también debíamos asegurarnos de que todos en el mundo tengan acceso a ellas. Esto provocó que los líderes mundiales pidieran una solución que acelerara el desarrollo y la fabricación de las vacunas COVID-19, así como los diagnósticos y tratamientos, y garantizara un acceso rápido, justo y equitativo a las mismas para las personas en todos los países. Esa propuesta de solución fue denominada: Covax. Y es categorizada como uno de los tres pilares del acelerador de acceso a herramientas COVID-19 (ACT), que fue lanzado en abril por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Comisión Europea y Francia en respuesta a esta pandemia. Reunir a gobiernos, organizaciones de salud globales, fabricantes, científicos, sector privado, sociedad civil y filantropía, con el objetivo de brindar acceso innovador y equitativo a los diagnósticos, tratamientos y vacunas de COVID-19. El pilar Covax se centra en este último y algunos la han llamada como la única solución verdaderamente global para esta pandemia, porque es el único esfuerzo para garantizar que las personas en todos los rincones del mundo tengan acceso a las vacunas COVID-19, independientemente de su riqueza, para las naciones financiadas con ingresos más bajos, que de otro modo no podrían pagar estas vacunas, así como para una serie de países autofinanciados de ingresos más altos que no tienen acuerdos bilaterales con los fabricantes. Para los países más ricos que se autofinancian, algunos de los cuales también pueden estar negociando acuerdos bilaterales con los fabricantes de vacunas, sirve como una póliza de seguro invaluable para proteger a sus ciudadanos, tanto directa como indirectamente.

¿Está resultando para los países realmente como se tenía proyectado Covax?

El gobierno de México dijo que está preocupado por la desigual distribución de las vacunas contra la enfermedad de COVID-19 a nivel mundial, en especial por el acaparamiento de vacunas que se está dando por algunos países. Por ello es que la semana pasada, Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, planteó ante el Consejo General de la Organización de las Naciones Unidas que es inadmisible que 10 países concentren casi 80% de las vacunas del mundo.

Al momento considero que la ONU debe intervenir mas enérgicamente para evitar el acaparamiento de las vacunas por unos cuantos países y evitar así el acceso desigual e injusto, ya que en esta iniciativa Covax se instó a los países a sumarse con el objetivo de que se diera una repartición equitativa y también se apoyara oportunamente a los países mas desfavorecidos. Diversas naciones aun siguen esperando que Covax de resultados como el único instrumento multilateral para garantizar el acceso universal a las tan anheladas y necesarias vacunas contra el COVID 19.

[email protected] invito a que me sigan en mis redes sociales. Facebook: Lilia Christfield Lugo. Instagram y Twitter:@lilichristfield  Hasta la próxima.

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Parlamento Veracruz. Cumplirle a la UV

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*Juan Javier Gómez Cazarín*

La sensación de deber dinero es terrible. ¿Quién en su vida nunca ha estado así? Pero creo que hay una calamidad que se padece con todavía más virulencia: deber dinero porque alguien más nos debe dinero a nosotros.

El desasosiego del “quiero pagar, pero el que me debe a mí no me paga”. O el famosísimo “me da pena con mi casero, pero mi jefe no me ha pagado a mí”. Exactamente eso vivía la Universidad Veracruzana, metida en problemas financieros que la mantuvieron al borde del colapso no por culpa suya, sino de los anteriores gobiernos del estado que omitieron transferirle el presupuesto que le correspondía (que es la forma elegante de decir que se robaron el dinero que era para la UV).

Así que fue un platillo agridulce el que degustamos diputadas y diputados la semana pasada, cuando aprobamos una ampliación presupuestal de más de mil 682 millones de pesos para que la Universidad Veracruzana pudiera saldar definitivamente su adeudo con el Sistema de Administración Tributaria.

Agridulce porque, por un lado, nos dio muchísimo gusto contribuir a que nuestra máxima casa de estudios cerrara, por fin, el capítulo negro del boquete financiero que le provocaron gobiernos pasados; pero al mismo tiempo lamentamos que, a pesar de que han pasado varios años, veracruzanas y veracruzanos sigamos pagando los platos rotos.

La deuda original era de 500 millones -un dineral de por sí-, pero con las multas y recargos se fue a más del triple, porque la deuda se originó desde el 2014 y 2015, cuando Veracruz estaba en manos de la peor pandilla de saqueadores en los casi dos siglos de vida que tiene nuestro país.

Como era un adeudo en cascada, el ordenamiento financiero de la UV implica, de paso, avanzar un peldaño más en el saneamiento del propio gobierno del estado que, obviamente, no le debía sólo a la Universidad sino a todo el mundo. (Tan solo ese mismo día, aprobamos la ampliación presupuestal de más de 347 millones para la Fiscalía General del Estado que andaba por las mismas, con adeudos al SAT de los ejercicios 2014 y 2015).

No sé si vale la pena atormentarse sacando cuentas de lo que se podría haber hecho en materia de salud o de espacios educativos -incluso para la propia UV- en el 2021, con esos mil 682 millones de pesos si alguien no se hubiera robado aquellos 500 millones hace un sexenio. Lo que sí vale la pena es tener fresco en la memoria lo que aquella gente y el grupo político al que pertenecían le hicieron a Veracruz.

*Diputado local. Presidente de la Junta de Coordinación Política.*

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